Una vez que la sentencia del Juzgado de Instrucción nº 3 de Madrid es firme, la Federación Española de Rugby (FER) informa que su anterior presidente, J.G.C., ha sido condenado a una pena de seis meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena como autor responsable de un delito de administración desleal durante el desempeño de su cargo.

Además, deberá pagar las costas del proceso judicial e indemnizar a la FER con 105.702 euros, así como enviar un escrito de disculpa al rugby español en la que se debe incluir el reconocimiento a la correcta labor profesional desarrollada por José Manuel Moreno González Rafael Sempere Luján, trabajadores de la FER mientras él fue presidente. Este escrito de disculpa contó con el asesoramiento y la aceptación del abogado de J.G.C. y del Ministerio Fiscal, y su incumplimiento podría hacer que la FER pidiera el efectivo cumplimiento de la pena de prisión impuesta.

Algunos de los hechos que la sentencia de la Audiencia Provincial Penal de Madrid ha declarado probados y que el que fuera presidente de la FER además ha reconocido como ciertos son los siguientes: 

-“Durante su tiempo como presidente, realizó gastos desproporcionados no acordes con los ingresos de la FER, con intención de favorecer a determinadas personas con las que había trabado relación”.

Se pagaron 30.000 euros a un arquitecto de Valladolid por orden suya en concepto de honorarios del informe sobre la Ciudad del Rugby Español en Arroyo de la Encomienda, sin que el comité ejecutivo ni la junta directiva de la FER hubiesen acordado la elaboración de dicho informe ni conocieran el encargo. “No existe tampoco indicio alguno de que dicho proyecto fuera a desarrollarse o se hubiese realizado la mínima gestión con el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda para su implantación”.

-En enero 2013 contrató a una empresa mercantil administrada por J.J.T.L., que había sido jefe de gabinete de la Alcaldía en el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, para la elaboración del diseño y programación de una nueva página web. Esta contratación “se realizó sin los requisitos de concurrencia exigidos por el Consejo Superior de Deportes (CSD)” y por un precio muy superior al ordinario del mercado, con un resultado, además, “arcaico e ineficaz y hubo de ser sustituido”.


-En 2012, “con intención de beneficiar a su amigo personal J.C.L., formalizó como presidente de la FER un contrato con la empresa Oesía Networks” para la realización de un proyecto de digitalización presupuestado en 500.000 euros, nuevamente sin cumplir los requisitos de concurso exigidos por el CSD. Finalmente, solo se desarrolló la fase 0 de dicho proyecto. Entre julio de 2013 y marzo de 2014, la empresa Oesía facturó a la FER 37.650 euros por los servicios prestados por J.C.L. Además, J.C.L. causó baja voluntaria tras percibir una retribución variable de más de 5.000 euros “directamente vinculada a la contratación de la fase 0 del proyecto de digitalización entre Oesía y la FER”, y acabó incorporándose a la FER el 1 de abril de 2014. Esto supuso un incremento salarial respecto a la remuneración del anterior secretario técnico de 26.535 euros, a pesar de haberse impuesto un Plan de Viabilidad por el CSD a la vista del estado económico de la FER, que también fue incumplido, motivo por el cual se le impuso una sanción.


-En febrero de 2013, J.G.C. “sufragó, con cargo a la FER, el viaje y la estancia en la ciudad de Las Vegas de dos personas ajenas a la actividad de la federación”, siendo una de ellas el exalcalde del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, J.M.M.F.

El actual presidente de la FER, Alfonso Feijoo, inició el proceso judicial contra J.G.C. que ha dado lugar a esta sentencia en respuesta a la voluntad de la Asamblea General, quien, en su reunión del 12 de julio de 2014, aprobó, con 49 votos a favor y 5 en contra, pedir responsabilidades y la necesidad de llegar hasta el final.  


El 11 de mayo de 2015, el Consejo Superior de Deportes (CSD) remitió una carta a Alfonso Feijoo en la que, “dada la repetida vulneración del Código del Buen Gobierno, el despilfarro y el cúmulo de irregularidades en los informes de auditoría”, recomendó “adoptar las medidas legales que consideréis oportunas para exigir las responsabilidades que pudieran derivarse a las personas que formaron parte del grupo directivo que gobernó la FER entre julio de 2012 y abril de 2014″. 

De esta forma, el 10 de julio de 2015, víspera de la celebración de su Asamblea General, la FER presentó la querella por los delitos de prevaricación, administración desleal y apropiación indebida que ha concluido con el resultado expuesto. El presidente informó de ello a todo el rugby español, al igual que la FER informa ahora a toda la opinión pública mediante este comunicado, con el que, a la espera de que J.G.C. cumpla con todo lo acordado, se quiere pasar página tras depurar todas las responsabilidades.