Con el 30 de abril como fecha tope para tomar una decisión definitiva, la Federación Española de Rugby (FER) sigue trabajando en la búsqueda de la mejor salida posible para las competiciones nacionales en curso que han tenido que ser aplazadas a causa de la grave crisis sanitaria que sufre España por la epidemia de coronavirus, que ya ha obligado a suspender algunas de las que estaban programadas, en su mayoría las correspondientes al rugby base.
Este miércoles, 25 de marzo, tuvo lugar una nueva reunión por videoconferencia de la comisión de trabajo que preside Iñaki Vergara, vicepresidente de la Federación Española de Rugby (FER), y de la que también forman parte José Manuel Pardal, Ángela del Pan, Eliseo Patrón-Costas, Manuel Contreras, Guillermo Rueda, María Ribera y José J. Hurtado. Creada por la Comisión Delegada de la FER, su objetivo es estudiar y plantear diferentes escenarios de la mano de todos los estamentos del rugby español. La Comisión Médica de la FER no dispone de datos contrastados que puedan determinar cuándo podrán reanudarse las competiciones tras el cese del estado de alarma, pues no existe ninguna evidencia científica de cuándo el riesgo de contagio es lo suficientemente bajo para practicar los deportes de contacto.
Como quiera que el Gobierno ha ampliado el estado de alarma al menos dos semanas más, hasta el próximo 11 de abril, lógicamente la opción de no poder acabar las competiciones y tener que suspenderlas es cada vez menos descartable. Sin embargo, y al igual que sucede en otras federaciones en las que no hay unanimidad sobre los criterios de ascensos y descensos en caso de suspensión, al no existir una base normativa para decidir lo que corresponde resolver, tomar una decisión sin un apoyo legal podría acarrear consecuencias fuera del ámbito federativo.
La FER ha sido invitada por la Asociación del Deporte Español (ADESP) a participar este viernes en una reunión con otras federaciones que también compiten con formatos de ligas regulares. El objetivo es estudiar conjuntamente las opciones legales existentes para el caso que hubiera que dar por terminadas las de la temporada 2019-20 adoptar una solución que perjudique lo menos posible a los intereses de todas las partes involucradas.
El problema es que existe un vacío legal al respecto, por lo que habría que solicitar al Consejo Superior de Deportes (CSD) una herramienta legislativa, como lo sería un precepto único a incorporar en una resolución de este organismo, en la que se fijaría -con rango legal- cómo proceder por parte de las federaciones deportivas españolas para la resolución de este tipo de casos derivados de una situación excepcional de fuerza mayor surgidos en la temporada en curso.
